La vibrante costa de Gandia, conocida por su efervescencia estival, se enfrenta una vez más al persistente dilema de la estacionalidad turística. Cada año, con el declive del verano, surge el debate sobre cómo mantener la vida y la economía activas más allá de los meses pico. En este contexto, el programa del Imserso, diseñado para extender la temporada y ofrecer turismo a personas mayores, se ha convertido en el epicentro de una nueva escaramuza política que expone las profundas tensiones entre las aspiraciones de una ciudad turística y las limitaciones de sus arcas públicas. La discusión actual no es solo sobre un programa de viajes, sino sobre el modelo económico a largo plazo de una localidad que busca desesperadamente trascender su imagen de destino puramente veraniego.
La problemática se agudiza ante la creciente presión de la industria hotelera, que advierte de la inviabilidad económica de operar bajo las condiciones actuales del Imserso. Los costes de mantener un hotel abierto, con personal y servicios de calidad, chocan frontalmente con las remuneraciones que el programa ofrece, generando un déficit que amenaza con cerrar persianas y reducir la actividad justo cuando más se necesita el impulso desestacionalizador. Este desequilibrio pone de manifiesto una falla estructural que ni el gobierno central ni las administraciones locales han logrado resolver de manera efectiva, dejando a los empresarios en una encrucijada y a los trabajadores con la incertidumbre de su empleo fuera de la temporada alta. La búsqueda de soluciones se vuelve, por tanto, una cuestión de supervivencia económica para muchos sectores de la ciudad.
La Propuesta de la Oposición: Un Salvavidas para el Imserso y la Economía Local
El Grupo Municipal Popular de Gandia ha tomado la iniciativa, elevando al pleno una moción ambiciosa que busca revitalizar el programa del Imserso y, con ello, extender la temporada turística de la ciudad. La propuesta, articulada por el portavoz popular, Víctor Soler, y la concejala Cristina Moreno, parte de una premisa clara: una playa de Gandia que no cierre sus puertas al finalizar el verano. La visión es que el turismo del Imserso no solo beneficie a los hoteles, sino que genere un efecto dominó positivo en la economía local, desde trabajadores y restaurantes hasta comercios y servicios de transporte como los taxis. Es una apuesta por la continuidad de la actividad económica durante los 365 días del año, una aspiración largamente anhelada.
La estrategia del Partido Popular se bifurca en dos frentes clave. En primer lugar, se insta al Ayuntamiento de Gandia a reclamar al Gobierno de España una revisión urgente y significativa de las condiciones económicas del programa Imserso. El objetivo es garantizar que las tarifas pagadas a los establecimientos sean realmente viables, algo que la patronal Hosbec ha puesto en entredicho al señalar que los costes mínimos de producción hotelera rondan los 35 euros por persona y día, mientras las remuneraciones del Imserso oscilan entre los 26 y 30 euros. Esta brecha de entre 5 y 9 euros es la que ahoga la rentabilidad de los hoteles. En segundo lugar, y quizás la medida más controvertida a nivel local, el PP propone la creación de una línea municipal de ayudas. Esta subvención estaría destinada a los hoteles de Gandia adheridos al Imserso, vinculada directamente a las plazas efectivamente ocupadas y diseñada para compensar parcialmente la diferencia entre los ingresos insuficientes del programa y el coste real del servicio. Para el Partido Popular, «no podemos hablar de desestacionalización como un eslogan y después no poner los medios para conseguirla», una declaración que subraya la necesidad de acciones concretas más allá de las meras intenciones.
Precedentes, Replicabilidad y el Cruce de Acusaciones sobre la Viabilidad Financiera
La propuesta del Partido Popular no surge de la nada; se sustenta en precedentes de apoyo público a los establecimientos hoteleros que participan en el Imserso. La concejala Cristina Moreno, quien fuera secretaria autonómica de Turismo en 2023, recuerda la línea de ayudas que la Generalitat puso en marcha en aquel año, ofreciendo 5,63 euros por habitación y día efectivamente ocupado, de la cual se beneficiaron cinco hoteles de Gandia. Además, se apunta al ejemplo de Benidorm, cuyo ayuntamiento articuló ayudas municipales para sus hoteles integrados en el programa, con pagos registrados a distintos establecimientos también durante 2023. Estos ejemplos son esgrimidos como prueba de que «existen fórmulas y existen precedentes. Lo que hace falta es voluntad política para estudiar cómo aplicarlas en Gandia», desafiando así cualquier argumento de imposibilidad.
Sin embargo, la respuesta del gobierno local de Gandia no se ha hecho esperar, y no ha sido precisamente de brazos abiertos. La regidora de Turismo, Playas y Promoción Exterior, Balbina Sendra, y el regidor de Hacienda, Salvador Gregori, si bien anunciaron que el ejecutivo municipal también está trabajando en una propuesta para complementar económicamente las plazas del Imserso, criticaron con dureza la moción del PP. Su principal objeción: la ausencia de un análisis económico riguroso que sustente la viabilidad de las pretensiones populares. Para Sendra, la propuesta del Partido Popular carece de cualquier estudio que determine «cuánto costará ni quien la pagará», tildándola de «demagogia». Este cruce de acusaciones desvela la tensión subyacente: mientras la oposición exige acción inmediata y se apoya en ejemplos previos, el gobierno local invoca la responsabilidad fiscal y la necesidad de un plan detallado, especialmente en un contexto donde el ayuntamiento busca la transformación urbana con más de 12 millones en inversiones para 2027 sin aumentar la deuda. La pregunta crucial que se cierne sobre el debate es si la desestacionalización turística, un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas, puede realmente materializarse sin un compromiso financiero explícito y bien calculado, o si las arcas municipales de Gandia pueden asumir una carga adicional de esta magnitud, especialmente cuando ya se están haciendo esfuerzos significativos para reforzar el comercio local con 400.000 euros en cheques de consumo.
El debate sobre el Imserso en Gandia trasciende la mera gestión de un programa turístico; es un reflejo de la lucha de la ciudad por definir su futuro económico y su identidad más allá de la estacionalidad. Mientras la oposición presenta un plan con precedentes y el gobierno local insiste en la necesidad de un rigor presupuestario, la realidad es que la industria hotelera y los pequeños comercios necesitan soluciones tangibles y urgentes. La desestacionalización no puede ser solo un eslogan político; exige un compromiso financiero claro y una estrategia conjunta que no se diluya en el habitual cruce de acusaciones. La viabilidad a largo plazo de Gandia como destino turístico sostenible dependerá de la capacidad de sus líderes para ir más allá de la retórica y forjar un consenso que garantice no solo la apertura de hoteles, sino la vitalidad económica de toda la ciudad durante todo el año. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿quién asumirá el coste real de una Gandia abierta los 365 días, y cuándo dejará de ser esta una promesa para convertirse en una realidad sostenible?
