Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto punto final a un prolongado litigio, obligando al Ayuntamiento de Gandia a desembolsar la considerable cifra de 228.555 euros a la empresa Diadema S.L. Esta resolución, que ratifica las decisiones previas del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gandia y la Audiencia Provincial de Valencia, cierra un capítulo abierto tras el devastador incendio de Marxuquera en 2018. La controversia se centró en la naturaleza de la cesión de 18 apartamentos turísticos que sirvieron de refugio para los vecinos desalojados, un conflicto que el Alto Tribunal ha zanjado con una clara aplicación del principio de onerosidad, destacando la necesidad de formalizar los acuerdos, especialmente en situaciones de emergencia que involucran fondos públicos y la interacción con el sector privado.
Un Fallo Definitivo Tras Años de Litigio
La decisión del Tribunal Supremo no solo confirma la obligación de pago, sino que también establece un precedente sobre la gestión de recursos en situaciones de crisis por parte de las administraciones públicas. El consistorio gandiense deberá abonar 223.086 euros por el concepto de alojamiento y 5.469 euros adicionales por los gastos derivados de suministros y recogida de residuos, sumando a ello los intereses legales acumulados y las costas del procedimiento. Este veredicto pone fin a un proceso judicial que se extendió durante años, desde el realojo de los afectados entre el 9 de agosto de 2018 y el 29 de enero de 2019, hasta la confirmación de la sentencia en la máxima instancia judicial española, lo que subraya la complejidad y la duración que pueden alcanzar este tipo de disputas administrativas.
El Incendio de Marxuquera: Una Herida Abierta en 2018
Para comprender la magnitud de esta resolución, es crucial recordar el contexto del incendio. Originado el 6 de agosto de 2018 en Llutxent, este desastre natural arrasó cerca de 3.000 hectáreas, forzando la evacuación de unas 2.600 personas de sus hogares. Múltiples municipios de la comarca de la Safor, incluyendo Ador, Barx y Gandia, se vieron gravemente afectados. En la capital comarcal, las llamas calcinaron alrededor de 900 hectáreas, dejando a su paso importantes daños en viviendas e infraestructuras agrarias y dejando a numerosos residentes sin hogar o con sus propiedades seriamente comprometidas. La respuesta inmediata del Ayuntamiento de Gandia, entonces liderado por la alcaldesa Diana Morant, fue realojar a estos afectados en los Apartamentos Biarritz, situados en la popular Playa de Gandia, un enclave crucial para la ciudad que recientemente ha celebrado cuatro décadas de excelencia litoral y que se vio en la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales de emergencia.
El Nudo de la Disputa: ¿Cesión Gratuita o Acuerdo Verbal?
El corazón del conflicto radicó en la interpretación de un acuerdo verbal. Mientras el Ayuntamiento de Gandia mantuvo durante todo el procedimiento que la cesión de los apartamentos había sido de carácter gratuito, sin obligación de abonar renta alguna, la empresa Diadema S.L. defendió con firmeza la existencia de un acuerdo verbal de arrendamiento. Según la empresa, el uso de sus inmuebles debía ser remunerado, una tesis que ha sido finalmente avalada por todas las instancias judiciales. La sentencia subraya que el único documento formalizado entre las partes fue el acta de entrega de llaves, un escrito que en ningún momento hacía constar de forma explícita la gratuidad de la cesión, dejando un vacío contractual clave para el desarrollo del litigio.
La versión de Diadema S.L. detalló ante los tribunales que el consistorio les aseguró una formalización posterior de un convenio que concretaría las condiciones del acuerdo. Sin embargo, este documento, según la empresa, nunca llegó a firmarse. «Los días fueron pasando sin que nadie del ayuntamiento se pusiese en contacto con Diadema S.L. para formalizar y concretar el contenido de la cesión. Al final, y a pesar de múltiples requerimientos, no se formalizó por escrito el acuerdo verbal alcanzado por las partes», sostuvo la mercantil, evidenciando una falta de diligencia administrativa que ha tenido un coste significativo y que pone de manifiesto los riesgos de operar sin la debida formalización en el ámbito público.
La «Presunción de Onerosidad»: Clave en la Decisión del Supremo
El Tribunal Supremo, tras un exhaustivo análisis de las declaraciones de testigos, el acta de entrega de llaves, la actuación consistorial, la duración de la ocupación y la actividad habitual de la empresa, concluyó que debía aplicarse la presunción de onerosidad. Este principio jurídico fundamental establece que, a menos que existan pruebas concluyentes que demuestren lo contrario, toda cesión de bienes o prestación de servicios se presume realizada a cambio de una contraprestación económica. La sentencia enfatiza que Diadema S.L. es una sociedad dedicada profesionalmente al alquiler de apartamentos turísticos, y que el ayuntamiento nunca logró acreditar de forma fehaciente que la empresa hubiera aceptado ceder gratuitamente sus inmuebles durante un periodo tan prolongado de casi seis meses. Aunque se reconoce que una situación de emergencia puede justificar una ocupación gratuita durante los primeros días, el Alto Tribunal consideró que esa excepcionalidad no podía extenderse a una utilización tan extensa de los apartamentos, sentando un importante precedente en la interacción entre la administración pública y el sector privado en momentos de crisis.
La Versión del Consistorio y la Respuesta de la Ex-Alcaldesa Morant
La entonces alcaldesa de Gandia y actual secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reaccionado a la sentencia en declaraciones a la Cadena Ser, afirmando que «el ayuntamiento pagará ese dinero y lo hará con toda la satisfacción porque sirvió para realojar a las personas que necesitaban una casa». Morant mantuvo su versión de los hechos, explicando que «esa conversación la tuve yo. Me dieron las llaves y me dijeron que era gratuito. Si luego la empresa ha querido sacar ese dinero, lo ha hecho». Además, hizo una alusión implícita a otras empresas, sugiriendo que «otras empresas no han demandado nunca ese dinero», lo que podría indicar una percepción de trato diferencial o una decisión específica de Diadema S.L. de proseguir el litigio hasta sus últimas consecuencias. Esta declaración subraya la complejidad de los acuerdos verbales en la administración pública, donde la buena fe, si bien esencial en la respuesta a emergencias, debe ir acompañada de la rigurosidad legal y la necesidad de proteger el erario público.
Implicaciones Estratégicas y el Futuro de la Gestión de Crisis
La condena al Ayuntamiento de Gandia por el Tribunal Supremo va más allá del impacto económico directo, que asciende a más de 228.000 euros más intereses y costas, una cantidad no menor para cualquier presupuesto municipal. Este fallo sienta un precedente jurídico significativo para la gestión de emergencias y la colaboración público-privada en España. Subraya la imperiosa necesidad de la administración pública de formalizar por escrito cualquier acuerdo, incluso en situaciones de extrema urgencia, para evitar futuras disputas y proteger los fondos públicos. La «presunción de onerosidad» se erige como un recordatorio de que la buena voluntad inicial, si bien encomiable en momentos de crisis humanitaria, debe ir acompañada de la transparencia y la legalidad contractual en el tiempo. Este caso podría influir en cómo los ayuntamientos y otras instituciones gestionan futuras catástrofes, impulsando la creación de protocolos más estrictos para el uso de recursos privados y la redacción de convenios de colaboración claros y vinculantes. Además, pone de manifiesto la importancia de una supervisión presupuestaria rigurosa y una gestión administrativa impecable, un tema recurrente en el debate político local y en la rendición de cuentas. Este tipo de resoluciones también impactan en la percepción de la gestión pública, especialmente en un contexto donde la financiación local es un tema de constante debate, y las discusiones sobre la cesión de impuestos y la autonomía financiera de los entes locales cobran cada vez más relevancia. La sentencia, en definitiva, es una lección costosa para Gandia, pero potencialmente valiosa para el conjunto de la administración española en la gestión de futuras crisis, enfatizando que la emergencia no exime de la legalidad y la formalidad.
