Nadie dudará de la absoluta falta de previsión que han tenido las dos administraciones implicadas, el Gobierno de España y el Consell de la Generalitat, a la hora de planificar las infraestructuras para conseguir que el próximo día de Año Nuevo, el de 2020, la autopista AP-7, que atraviesa la Safor por la costa, pueda ejercer de corredor de larga distancia y evite el paso de miles de vehículos por cuatro cascos urbanos, los de Xeraco, Bellreguard, Palmera, l’Alqueria de la Comtessa y Oliva.
Cuando el tiempo que falta para que la AP-7 sea gratuita ya no llega al año, ni se han iniciado las obras de la conexión sur de Oliva, fundamental para evitar el tráfico por el interior de esta ciudad, ni mucho menos se puede prever cuándo estará construido el enlace que conectará esta autopista con la autovía de l’Olleria.
Por partes, el que más adelantado va es el Ministerio de Fomento, que hace apenas dos semanas anunció la aprobación del proyecto del acceso sur de Oliva. Eso en lo positivo, porque lo que no lo es tanto es la tardanza en cumplir ese trámite. Ahora aún queda presupuestar el dinero necesario, en total 28 millones de euros, licitar las obras, adjudicarlas y esperar los dos años de la ejecución, porque ese es el periodo previsto por los técnicos. Si no hay nuevos retrasos y si el Gobierno español logra que el Congreso de los Diputados apruebe los próximos dos presupuestos del Estado, el enlace, que conectará la AP-7, la N-332 y la carretera de Pego, estaría operativo a finales de 2021, nada menos que dos años después de que la autopista esté libre de peaje. Aunque la gratuidad de la AP-7 ya supondrá una reducción en el número de vehículos que crucen Oliva, especialmente los pesados, el efecto se habría notado mucho más con ese enlace planificado y construido para entrar en servicio el mismo 1 de enero de 2020.
Un problema de salud pública
La otra gran obra prevista es la de la autovía de l’Olleria. En concreto esta actuación corresponde a la Generalitat, y fue anunciada la pasada primavera por la consellera María José Salvador. La actuación prolongará la CV-60, que finaliza en Beniflà, para conectarla con la AP-7 en el tramo situado entre Almoines y Rafelcofer y con la N-332 a la altura de Gandia.
Se trata de un ramal fundamental no solo para enlazar las dos autovías de la comarca sin tener que pasar por otras carreteras, sino porque acabará definitivamente con la necesidad de circular por los cascos urbanos de l’Alqueria, Palmera y Bellreguard.
Ese proyecto, que era del todo previsible hace 15 años, cuando se dejó inconclusa la autovía de l’Olleria, no se ha anunciado hasta hace unos meses, y aún habrá que esperar dos años para disponer de los planos. A partir de ahí, contar con el dinero necesario, no menos de 50 millones de euros, licitar las obras y ejecutarlas. El calendario se va, sin ninguna duda, a cuatro o cinco años vista.
La lenta respuesta de las administraciones para resolver estos problemas viarios, que en el caso de las travesías urbanas también lo son de salud pública y de peligro constante a la población, ha impedido que la alegría por la gratuidad de la AP-7 en la Safor sea total. De nada sirvieron las numerosas protestas prolongadas durante décadas para que la autopista fuera gratuita y absorbiera todo el intenso tráfico de larga distancia que atraviesa la comarca.
