Apenas una semana después del arranque del curso escolar, Gandia se ha visto obligada a habilitar cinco nuevas aulas en espacios que hasta ahora cumplían otras funciones dentro de los centros educativos municipales. Una decisión que, en cualquier circunstancia, habría sido suficiente para generar alarma institucional, pero que en este caso se inscribe en un contexto mucho más amplio y preocupante: el de una ciudad que recibe cada año cerca de un millar de nuevos estudiantes y que no ha sido capaz de anticipar la demanda educativa con una infraestructura acorde. La concejala de Educación del Ayuntamiento, Esther Sapena, ha confirmado que la situación alcanzada este curso no tiene precedentes recientes y que la presión sobre la red de centros públicos ha cruzado un umbral que obliga a actuar de forma reactiva, no preventiva.
El fenómeno no es aislado ni coyuntural. Gandia lleva años reclamando a la Conselleria de Educación la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria que absorba el incremento demográfico que la ciudad experimenta de forma sostenida. Pero mientras esa demanda permanece sin respuesta, las soluciones pasan por improvisar aulas donde no las hay: transformar bibliotecas, aulas multiusos y otros espacios funcionales en dependencias, con el coste pedagógico y humano que ello implica para la calidad educativa de los niños y niñas que allí estudian.
Una demografía que desborda las previsiones y que la planificación no ha previsto
La magnitud del problema se hace visible cuando se examinan las cifras del curso 2025-2026. Durante los meses de agosto y septiembre, un total de 350 alumnos solicitaron plaza fuera del periodo ordinario de escolarización. De ellos, 213 correspondían a etapas de Infantil y Primaria, y en el momento en que el Ayuntamiento facilitó los datos, 73 menores permanecían sin plaza adjudicada. En Secundaria y Bachillerato, la presión también se dejó sentir: 137 solicitudes adicionales, con 42 estudiantes que a mediados de curso seguían en sus casas a la espera de obtener una plaza en alguno de los centros públicos de la ciudad.
A estos números hay que sumar lo que desde la administración local se denomina «matrícula sobrevenida»: la incorporación de alumnado durante el curso escolar fuera de los periodos ordinario y extraordinario de escolarización. Entre septiembre y mediados de diciembre de 2025, el Ayuntamiento contabilizó cerca de 700 incorporaciones de niños y jóvenes en edad escolar. Es una cifra que refleja no solo la llegada de nuevas familias a la localidad, sino también la insuficiencia estructural de un sistema que no contempla la movilidad ni la imprevisibilidad del padrón escolar. El resultado es un juego constante de alcoba con la demanda: plazas que se abren tarde, listas de espera que crecen y centros que funcionan al límite de su capacidad desde el primer día de clase.
La realidad de Gandia no puede entenderse sin observar el contexto urbano y demográfico en el que se inserta. Una ciudad que acoge eventos de proyección comarcal como la Fira i Festes de Gandia 2026, con su ambiciosa programación que llena la ciudad durante el mes de octubre, y que atrae cada vez más población tanto por su atractivo residencial como por su posición geográfica en la comarca de la Safor. Sin embargo, ese crecimiento no ha ido acompañado de una planificación urbanística que incluya, de forma prioritaria, la expansión de la red educativa pública. La infraestructura escolar sigue siendo la gran asignatura pendiente de un municipio que se expande en todas las direcciones.
Dividir una clase con una cortina: el síntoma más visible de una enfermedad estructural
Entre los ejemplos más reveladores de la falta de espacio, la concejala Sapena ha señalado directamente al colegio Les Foies, donde la ausencia de aulas suficientes ha obligado a dividir una clase mediante una simple cortina para poder atender al alumnado. Una imagen que, lejos de ser anecdótica, encapsula el problema de fondo: la administración educativa está respondiendo a la demanda con parches, no con soluciones de calado. Ampliar ratios y habilitar aulas en centros existentes es la línea de actuación predominante, pero Sapena advierte con contundencia que «detectar que hay niveles en los que no caben y abrir un aula a mitad de curso no es la solución».
La experiencia del curso anterior confirma esta valoración. Durante el pasado ejercicio ya fue necesario abrir seis aulas adicionales y ampliar las ratios en varios centros, una medida que, lejos de resolver el problema, lo ha ido agravando al normalizar una situación que debería haber motivado una respuesta institucional de mayor envergadura. Este año, la llegada de cinco aulas más en la primera semana de clase ha elevado la presión a un nivel que ya no permite la gestión cotidiana del día a día: los profesores deben hacer frente a grupos más numerosos, los espacios comunes han desaparecido del mapa educativo y la atención individualizada se convierte en una aspiración difícil de cumplir.
El problema ya no se limita a las primeras etapas educativas. La presión sobre las plazas disponibles ha trasladado la crisis también a la etapa de Secundaria, lo que amplía el abanico de afectados y complica aún más la respuesta institucional. Si en Infantil y Primaria la falta de aulas obliga a improvisar, en ESO y Bachillerato la carencia de plazas deja a familias enteras sin opción real de elección centro, condicionando la trayectoria académica de los adolescentes de la ciudad por imperio de la disponibilidad, no de la calidad.
El coste humano y pedagógico de una administración que gestiona con urgencia lo que debería planificar
Más allá de las cifras y de las decisiones administrativas, el impacto más profundo de esta crisis se mide en términos pedagógicos y humanos. Un niño que llega a una ciudad nueva y no tiene plaza es un niño que pierde semanas de aprendizaje, que se ve sometido a la incertidumbre de su propia escolarización y que puede verse obligado a desplazarse a centros de municipios vecinos. Una docente que debe impartir clase en un aula multiusos convertida en temporal, sin las condiciones acústicas ni de iluminación adecuadas, está ejerciendo su profesión en condiciones de desigualdad. Y un centro educativo que ve cómo sus bibliotecas y espacios de encuentro desaparecen para convertirse en aulas de emergencia está perdiendo una parte esencial de su identidad institucional.
La Conselleria de Educación tiene sobre la mesa de la comarca una demanda reiterada desde hace varios años: la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria en Gandia. La llegada constante de nuevo alumnado, las incorporaciones extraordinarias y la imposibilidad de ampliar la capacidad de los centros existentes deberían haber sido suficientes para que esa demanda se atendiera con la celeridad que la situación requiere. En su lugar, la respuesta sigue siendo la de ampliar ratios y habilitar espacios que no fueron diseñados para la enseñanza, una estrategia que funciona a corto plazo pero que profundiza la crisis a medio y largo plazo. La experiencia demuestra que cada curso que pasa sin una respuesta estructural incrementa el volumen del problema: si el año pasado fueron seis aulas, este año han sido cinco más; el próximo, la cifra podría ser aún mayor si no se actúa con decisión.
Gandia no es la única ciudad de la comarca que enfrenta retos demográficos, y los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a la Safor, como las inundaciones que han causado caos hídrico en la comarca, recuerdan que la planificación integral de la zona exige atender simultáneamente múltiples infraestructuras, de las que la educativa es una de las más críticas y menos resueltas. La ciudad necesita aulas reales, no cortinas. Necesita un plan de expansión educativa que acompañe su crecimiento, no que lo persiga siempre por detrás. Y necesita, sobre todo, que la administración comprenda que cada curso escolar que arranca sin plazas suficientes no es un problema de gestión, sino una decisión política con consecuencias para toda una generación.
