En los pasillos de la política económica y en los análisis más rigurosos de los institutos de investigación, un término que parecía haber quedado relegado a los libros de historia ha vuelto a cobrar una relevancia inquietante. La estanflación, ese escenario donde la inflación se dispara mientras la actividad económica se estanca, ha dejado de ser una abstracción teórica para convertirse en una preocupación latente. No se trata de un temor infundado, sino de una señal de alerta que surge de la convergencia de múltiples factores estructurales y coyunturales que podrían comprometer la trayectoria de crecimiento de la economía española en los próximos años.
El panorama actual presenta una dualidad compleja. Por un lado, España mantiene una posición de fortaleza relativa frente al resto de la eurozona, con un crecimiento del PIB del 2,7% interanual en el primer trimestre de 2026 y un mercado laboral que ha alcanzado la cifra récord de 22,34 millones de afiliados a la Seguridad Social en mayo. Sin embargo, bajo esta superficie de resiliencia, se gestan tensiones que los expertos vigilan con cautela. El riesgo no es una certeza inmediata, pero la probabilidad de un giro hacia la estanflación para el año 2026 es considerada «alta» o «muy alta» por casi dos de cada tres economistas, según el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas (CGE).
La trampa de la política monetaria y el dilema de la oferta
El gran desafío de la estanflación radica en su naturaleza contra-intuitiva para las herramientas convencionales de gestión económica. Históricamente, la política monetaria opera bajo una lógica de compensación: si la inflación sube, el Banco Central Europeo (BCE) suele elevar los tipos de interés para enfriar la demanda. No obstante, este mecanismo es una espada de doble filo. Al subir los tipos, se combate la subida de precios, pero se penaliza la inversión y el consumo, lo que puede precipitar una recesión. Si, por el contrario, se bajan los tipos para estimular la economía, se corre el riesgo de alimentar aún más la espiral inflacionista.
Este dilema se vuelve crítico cuando la inflación no es causada por un exceso de demanda, sino por choques de oferta. La dependencia energética y la volatilidad geopolítica, agravada por conflictos internacionales como los ocurridos en Irán, pueden elevar los costes de producción de forma externa. Cuando el aumento de precios proviene de la energía y las materias primas, la política monetaria tiene un alcance limitado, dejando a los gobiernos con un margen de maniobra extremadamente estrecho para proteger el empleo sin disparar la inflación.
Vulnerabilidades estructurales del modelo español
Para comprender por qué España podría ser más susceptible a este fenómeno, es necesario analizar sus debilidades internas. Según Francisco Cortés, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la economía española presenta vulnerabilidades específicas que amplifican el riesgo. La dualidad del mercado laboral, que todavía arrastra una estructura de contratación frágil a pesar de las cifras récord de afiliación, puede actuar como un multiplicador de crisis en momentos de estancamiento. Si el crecimiento se detiene, la destrucción de empleo suele ser más rápida y profunda en los sectores más precarizados.
A esto se suma un tejido productivo compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes), que carecen de la capacidad financiera para absorber incrementos sostenidos en los costes de producción sin trasladarlos directamente al consumidor final. Además, la presión habitacional actúa como un motor constante de inflación doméstica; el incremento del 5,7% anual en el precio de la vivienda en 2025 ha demostrado ser un factor de presión que reduce el ingreso disponible de las familias y alimenta la inflación subyacente, la cual ya supera los objetivos fijados por el BCE.
El contrapeso de la demografía y el consumo
A pesar de las alarmas, existen factores que actúan como amortiguadores del riesgo. Javier Ferri, investigador de Fedea y profesor de la Universidad de Valencia, destaca un elemento clave: el impacto demográfico. La entrada sostenida de población inmigrante en edad de trabajar ha proporcionado un alivio a la oferta laboral, permitiendo que la economía crezca sin que se produzcan presiones salariales descontroladas que alimenten la espiral de precios. Este flujo demográfico ha permitido que España mantenga un dinamismo que la sitúa muy por encima de la media de la eurozona.
Sin embargo, la sostenibilidad de este modelo depende de la estabilidad del consumo privado y de la capacidad de la economía para resistir choques externos. El sector servicios, con el turismo como pilar fundamental, sigue siendo un motor, aunque enfrenta sus propios desafíos de regulación y sostenibilidad. En este contexto, la gestión de la deuda pública y el déficit se vuelven cruciales, ya que limitan la capacidad del Estado para implementar políticas fiscales expansivas que podrían mitigar los efectos de una posible recesión sin desequilibrar las cuentas públicas.
Implicaciones estratégicas para el futuro económico
El análisis de la situación actual sugiere que España se encuentra en un equilibrio precario. La estabilidad económica de los próximos años dependerá de la capacidad de las instituciones para navegar la transición entre un crecimiento robusto y un entorno de costes elevados. Las implicaciones estratégicas son claras: la necesidad de reducir la dependencia energética, fortalecer la productividad de las pymes y estabilizar el mercado de la vivienda son prioridades que trascienden lo político para convertirse en imperativos de seguridad económica.
Si los elementos de inflación subyacente persistente y pérdida de poder adquisitivo real se consolidan, el riesgo de transición hacia la estanflación dejará de ser una advertencia para convertirse en una realidad sistémica. El éxito de la política económica española residirá en su capacidad para fomentar un crecimiento que no dependa exclusivamente de la expansión demográfica o del consumo, sino de un aumento real de la productividad que permita absorber los incrementos de costes sin sacrificar la estabilidad de precios ni la capacidad de empleo.
