En el corazón de la comarca de la Safor, un grito silencioso resuena desde los hogares donde se fragua el cuidado de nuestros mayores y dependientes. Detrás de anuncios tan comunes como «Mujer latina con experiencia se ofrece como cuidadora y acompañamiento de personas mayores. Disponibilidad inmediata», se esconde una realidad sombría y compleja que afecta a cientos de mujeres migrantes. Localidades como Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna, junto con el resto de la comarca, se han convertido en escenarios donde la necesidad y la vulnerabilidad se cruzan con la explotación laboral, tejiendo una red de precariedad que demanda atención urgente y soluciones estructurales.
Este fenómeno no es nuevo, pero su invisibilidad lo hace particularmente pernicioso. Estas mujeres, en su mayoría recién llegadas a España, encuentran en el sector del cuidado su primera puerta de entrada al mercado laboral. Sin embargo, esta puerta a menudo conduce a un callejón sin salida de condiciones indignas, salarios irrisorios y una flagrante falta de derechos. Su labor, esencial para el bienestar de muchas familias y para el sostenimiento de un sistema de cuidados cada vez más externalizado y privatizado, se ve sistemáticamente devaluada y desprotegida.
El perfil de estas trabajadoras se repite con una alarmante constancia: mujeres, en su mayoría procedentes de América Latina, aunque con una creciente presencia de mujeres gitanas, con edades que oscilan entre los 18 y los 55 años. Su jornada laboral no se limita al cuidado de la persona dependiente; con frecuencia, asumen la totalidad de las tareas domésticas, desde la limpieza del hogar hasta la preparación de las comidas, difuminando las fronteras entre el rol de cuidadora y el de empleada del hogar, sin que esta acumulación de responsabilidades se vea reflejada en sus condiciones laborales o salariales.
El Rostro de la Vulnerabilidad: Quiénes Son y Cómo Operan las Redes de Precariedad
La vulnerabilidad es el eje central de esta problemática. Muchas de estas mujeres llegan a la comarca en situaciones de extrema necesidad, a menudo sin una situación administrativa regularizada o con escaso conocimiento del idioma y de la legislación laboral española. Esta desinformación y la desesperación por encontrar un sustento las convierte en blanco fácil para la explotación. Rebeca Gascón, responsable del departamento de personas migrantes y racializadas del CDR la Safor, explica con claridad la dinámica: «Su primer contacto cuando llegan a España es el cuidado de personas mayores y dependientes. Se sienten tan vulnerables que, en muchos casos, se aprovechan de ello las personas que las contratan. Esto se traduce en salarios más bajos y, si encuentran a alguien más asequible, las despiden».
Las consecuencias de esta vulnerabilidad son devastadoras. Los salarios se sitúan sistemáticamente «por debajo de los sueldos que marca el convenio», sumiendo a estas trabajadoras en una espiral de precariedad. Se enfrentan a jornadas «larguísimas, sin casi descanso», una situación que se agrava para las cuidadoras internas, quienes a menudo carecen incluso de tiempo de ocio o de un espacio propio y digno dentro del hogar donde trabajan. La falta de acceso a viviendas adecuadas es otro de los dramas invisibles que padecen, llegando en ocasiones a vivir en situaciones de infravivienda, lo que añade una capa más de desprotección a sus ya frágiles existencias. Un ejemplo desolador ilustra esta realidad: una mujer trabajaba cuatro horas por la mañana y otra hora y media por la tarde de lunes a sábado, cuidando a un mayor, limpiando y cocinando, por tan solo 700 euros al mes, una cifra muy por debajo de lo que legalmente le correspondería.
La ausencia de una red de residencias y centros de día suficiente en los pueblos de la Safor, como señala Gascón, contribuye a perpetuar esta demanda de cuidados en el ámbito privado, creando un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estas prácticas abusivas. La necesidad de las familias por encontrar soluciones de cuidado asequibles choca frontalmente con la dignidad y los derechos laborales de quienes ofrecen este servicio fundamental.
Desvelando el Racismo Estructural: Informes y Acciones para la Dignidad
Frente a esta realidad, diversas organizaciones han alzado la voz para visibilizar y combatir la explotación. El CDR la Safor, a través de su área de Inclusión Social y en coordinación con COCEDER y otros centros confederados, ha elaborado el segundo informe sobre racismo estructural en el ámbito rural. Este estudio exhaustivo no solo ofrecerá conclusiones a nivel estatal, sino que profundizará en la situación específica de la comarca, analizando las graves consecuencias de la discriminación que sufren estas mujeres trabajadoras migrantes y racializadas.
Para la elaboración de este informe, se han recogido los testimonios de una decena de mujeres migrantes procedentes de diversas geografías, incluyendo África, América Latina y Europa del Este, así como de mujeres gitanas, todas ellas residentes en el medio rural de la Safor. Estos relatos personales son cruciales para entender la profundidad del problema y para identificar las vías de acción más efectivas. El informe, por tanto, se perfila como una herramienta fundamental para desmantelar las estructuras que permiten esta explotación.
La denuncia de la falta de derechos que viven estas mujeres es constante. Muchas de ellas desconocen sus derechos laborales básicos: el salario mínimo que deben percibir, los complementos por nocturnidad o por trabajar durante los fines de semana. Esta ignorancia, sumada al miedo a denunciar debido a su situación migratoria o administrativa, crea un círculo vicioso de impunidad para quienes las explotan. En este contexto, el CDR la Safor, en colaboración con otra asociación de València, trabaja activamente para revertir la situación, implementando campañas y actividades de sensibilización, ofreciendo mediación y proporcionando información vital sobre sus derechos laborales. Es un esfuerzo por empoderar a estas mujeres y romper el silencio que las aprisiona, un eco de las luchas por la dignidad y el respeto que resuenan en otros ámbitos sociales, como las demandas del Colectivo LGTBIQ+ contra el acoso y la intolerancia, donde la visibilidad y la exigencia de derechos son claves.
La situación de las cuidadoras migrantes en la Safor es un espejo de las desigualdades sistémicas que aún persisten en nuestra sociedad. Es un recordatorio de que, mientras una parte de la población vive en la comodidad de contar con servicios esenciales, otra lo hace en la sombra de la precariedad y la explotación. La labor de estas mujeres es insustituible y fundamental para el tejido social y el bienestar de muchas familias. Por ello, es imperativo que las autoridades y la sociedad en su conjunto «controlen y pongan el foco en este sector», garantizando condiciones laborales dignas que reconozcan el valor intrínseco de su trabajo y respeten sus derechos humanos y laborales. Solo así podremos construir una sociedad más justa e igualitaria, donde el cuidado no sea sinónimo de explotación, sino de dignidad y respeto mutuo.
