La asociación cívica Massa Crítica de la Safor ha elevado el tono de la fiscalización sobre el proyecto del camping-resort Ohai Gandia, conocido comercialmente como glamping, presentando sendos escritos ante la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Gandia. La entidad, que actúa en ejercicio de la acción pública en materia urbanística, reclama la paralización de cualquier trámite de aprobación hasta que se acredite documentalmente el cumplimiento estricto de todas las condiciones territoriales, ambientales y de infraestructura viaria que condicionan la Declaración de Interés Comunitario (DIC) original y su modificación actual. La presión vecinal se centra en la transparencia del expediente y en la garantía de que el promotor asuma íntegramente los costes derivados de las obras de acceso y las eventuales expropiaciones.
Condiciones viarias y garantías económicas: el nudo gordiano del acceso a l’Alqueria del Duc
Uno de los ejes centrales de las alegaciones presentadas ante el Consell radica en la mejora de los accesos y de la red viaria del ámbito de l’Alqueria del Duc. Massa Crítica subraya que esta infraestructura ha de ser asumida en su totalidad por el promotor, tal como establecen las condiciones de la DIC, y exige que se garantice económicamente no solo el coste de las obras, sino también el de las expropiaciones que pudieran resultar necesarias para su ejecución. La asociación advierte de que, sin una dotación presupuestaria cerrada y vinculante, el peso de estas infraestructuras podría recaer finalmente sobre las arcas municipales o autonómicas, desvirtuando el principio de que quien se beneficia de la actuación debe sufragar sus externalidades. El escrito insta a que no se apruebe la modificación de la DIC hasta que no se disponga de toda la documentación necesaria que acredite fehacientemente este extremo.
La preocupación por la movilidad no es un asunto menor en un entorno ya tensionado por la estacionalidad turística. La entidad vecinal recuerda que la viabilidad del proyecto no puede desligarse de la capacidad de absorción de la red viaria existente, un debate que recuerda a otras controversias infrastructurales en la ciudad, como la denunciada parálisis en la señalización de la DGT en Gandia, donde las promesas incumplidas han generado un profundo malestar ciudadano. En el caso de Ohai Gandia, la falta de concreción sobre el trazado definitivo, los plazos de ejecución y la financiación blindada impide, a juicio de la asociación, una evaluación real del impacto territorial.
Protección del Marjal y la incógnita de los ‘mobile homes’
El segundo gran frente de batalla se sitúa en el régimen de protección del Marjal de Gandia. Massa Crítica cuestiona frontalmente que se haya acreditado de manera suficiente la compatibilidad de la actuación con las determinaciones específicas que afectan a este espacio natural protegido. La entidad solicita el acceso a los informes técnicos y jurídicos que justifican la idoneidad del alojamiento turístico y de las instalaciones complementarias con el planeamiento vigente y con los usos permitidos en suelo no urbanizable de especial protección. La ausencia de esta documentación en el expediente público, denuncian, impide ejercer el derecho a la participación informada y genera dudas razonables sobre la sostenibilidad hidrológica y ecológica del enclave.
A esta incertidumbre ambiental se suma una laguna urbanística concreta: el tratamiento de los denominados mobile homes. La asociación pide conocer con precisión cuántas unidades están previstas, qué superficie ocupan y si esta superficie computa a efectos de edificabilidad. La clasificación de estas unidades —si se consideran elementos muebles o inmuebles a efectos urbanísticos— determina la carga edificatoria del suelo y, por ende, el ajuste del proyecto a los parámetros del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de la propia DIC. Massa Crítica advierte de que una contabilización laxa podría suponer una densificación encubierta que vulnere la normativa de protección del Marjal.
Doble vía de presión: Generalitat y Consistorio
La estrategia de la asociación cívica se articula en dos frentes diferenciados pero complementarios. Ante la Generalitat, el foco está en la modificación de la DIC, exigiendo que el órgano autonómico no dé el visto bueno sin la documentación completa. Paralelamente, ante el Ayuntamiento de Gandia, se ha registrado una petición de información amparada en la legislación de transparencia y participación ciudadana para comprobar el cumplimiento de las condiciones de la DIC y la legalidad urbanística de la actuación a escala local. Esta doble vía busca cerrar el cerco administrativo, obligando a ambas administraciones a cruzarse los informes y a responder de forma coordinada.
Desde la entidad se insiste en que el objetivo no es bloquear el proyecto por sistema, sino garantizar que «se tramite con todas las garantías y con plena transparencia». La reclamación es taxativa: ninguna modificación ni autorización debe producirse sin que se acredite documentalmente el cumplimiento de las condiciones pertinentes. En un contexto donde la planificación turística de la Safor está bajo escrutinio por la presión sobre el territorio y los recursos hídricos, el caso Ohai Gandia se erige en test de credibilidad para las instituciones. La respuesta de la administración autonómica y local a estas alegaciones marcará la pauta de cómo se gestiona el equilibrio entre la inversión privada y la defensa del interés general en el litoral valenciano, una tensión que también se vive en la gestión de emergencias y recursos naturales, como demuestra la reciente coordinación de la UME en la vigilancia de los montes de la Safor.
El expediente permanece ahora abierto a la espera de los informes sectoriales solicitados. La resolución de las alegaciones determinará si el proyecto avanza con las correcciones exigidas o si, por el contrario, se detectan vicios de forma o fondo que obliguen a una reformulación sustancial. Mientras tanto, Massa Crítica mantiene su posición de vigilancia activa, recordando que la acción pública en urbanismo es una herramienta democrática irrenunciable para evitar que los hechos consumados se impongan al planeamiento riguroso.
