La ciudad de Gandia, epicentro de la comarca de La Safor y un nudo estratégico entre Valencia y Alicante, se encuentra en el centro de un debate político que resuena con la frustración ciudadana. La tan anhelada instalación de una oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la localidad, un proyecto que prometía facilitar trámites a más de 250.000 personas de diversas comarcas vecinas, se ha convertido en un punto de fricción entre el gobierno local socialista y la oposición del Partido Popular. Lo que comenzó como una propuesta con visos de pronta materialización, respaldada incluso por un anuncio público del propio alcalde, se ha estancado en un limbo administrativo y político durante más de dos años y medio, dejando tras de sí un rastro de promesas incumplidas y una creciente demanda de explicaciones y acciones concretas. Los ciudadanos esperan una solución que evite desplazamientos innecesarios y optimice la gestión de sus gestiones de tráfico, mientras el pulso político por la responsabilidad de este retraso se intensifica.
La Cronología de una Demanda Ciudadana: De la Propuesta al Estancamiento
La idea de establecer una oficina de la DGT en Gandia no es nueva. Fue el Partido Popular, a través de sus representantes municipales, quien planteó esta posibilidad en 2024. La propuesta fue acogida con aparente entusiasmo por el alcalde socialista, José Manuel Prieto, quien no solo la hizo pública, sino que llegó a anunciar su inminente desarrollo desde las propias oficinas de la DGT en Madrid, inmortalizando el momento en un vídeo difundido en sus redes sociales. En aquel entonces, se aseguró que las novedades llegarían «muy pronto», generando una expectativa considerable entre la población de Gandia y de las comarcas aledañas.
Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. Han transcurrido casi dos años y medio desde aquel viaje a la capital, las fotografías y el vídeo, y la oficina sigue siendo una quimera. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, junto al concejal Guillermo Barber, han alzado la voz para exigir al gobierno socialista que abandone los anuncios y se centre en hacer realidad este proyecto. Barber ha lamentado la situación con contundencia:
«Han pasado casi dos años y medio desde aquel viaje a Madrid, aquellas fotografías y aquel vídeo, y la realidad es que no sabemos absolutamente nada. Una vez más, muchas palabras, muchas imágenes y ningún resultado para Gandia.»
La crítica del edil popular se extiende a la forma de entender la política por parte del gobierno local, acusando al alcalde de estar «más preocupado por el vídeo y la fotografía que por gestionar». La frustración se agudiza al constatar que, a pesar de que todas las administraciones implicadas —el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior y la propia Dirección General de Tráfico— están gobernadas por el mismo partido, el PSOE, la materialización de un proyecto tan beneficioso para Gandia no ha sido posible. Esta situación contrasta con la capacidad de la ciudad para organizar grandes eventos, como demuestra la exitosa 72ª Travesía y la Vuelta a la Escollera, que revitaliza el verano gandiense.
La Respuesta del Gobierno Local: Colaboración y Obstáculos Técnicos
Desde el gobierno local, la concejala de Movilidad, Tráfico y Transporte Público, Lydia Morant, ha respondido a las críticas del PP. Morant ha asegurado que el Ayuntamiento de Gandia mantiene contactos periódicos y una colaboración constante con el organismo estatal de la DGT para hacer posible la implantación de la oficina en la ciudad. Según la regidora, el consistorio ha cumplido con su parte, disponiendo tanto de un espacio adecuado como del personal necesario para prestar el servicio. La clave del retraso, según sus declaraciones, reside en la dependencia de la DGT para habilitar las herramientas y los mecanismos informáticos indispensables que garanticen una atención eficaz y la tramitación correcta de los procedimientos.
Esta explicación subraya que la puesta en marcha definitiva de la oficina no es una cuestión de voluntad municipal, sino de la adaptación tecnológica por parte del organismo central. Morant ha querido destacar la buena colaboración existente entre ambas administraciones, pese a los obstáculos técnicos que aún persisten. En este contexto, Víctor Soler, quien además de portavoz popular es diputado en las Corts Valencianes, ha reiterado la disposición de su partido a colaborar institucionalmente. Su objetivo es claro: poner todas las herramientas a su alcance para que este proyecto se convierta en una realidad, enfatizando que «esto no es una cuestión de siglas, sino de Gandia«. Esta coordinación entre diferentes niveles de gobierno es crucial, tal como se ha observado en otras iniciativas de seguridad y prevención, como la instalación de la UME en Gandia para la vigilancia de los montes de la Safor contra incendios, donde la cooperación ha sido fundamental.
La ubicación estratégica de Gandia, como capital administrativa de La Safor y su posición entre dos grandes capitales de provincia, la convierte en un punto ideal para albergar esta oficina. Los beneficios se extenderían no solo a los vecinos de la ciudad, sino a una población potencial superior a las 250.000 personas de comarcas como la Vall d’Albaida, la Marina Alta, la Marina Baixa, El Comtat o l’Alcoià, quienes actualmente deben desplazarse hasta Alzira para realizar sus trámites de tráfico, un viaje que la futura oficina les evitaría.
La tensión política en Gandia por la oficina de la DGT es un reflejo de la expectativa ciudadana por servicios públicos más accesibles y eficientes. Mientras el Partido Popular acusa al gobierno socialista de inacción y de priorizar la imagen sobre la gestión, el Ayuntamiento defiende su compromiso y señala a los trámites técnicos de la DGT como el principal escollo. La promesa de una oficina que aliviaría la carga burocrática de miles de ciudadanos sigue en el aire, a la espera de que las palabras se conviertan finalmente en hechos y la colaboración institucional prevalezca sobre la disputa partidista.
