La ciudad de Gandia ha elevado la voz ante la Generalitat Valenciana, lanzando un firme ultimátum de 15 días para que se desbloquee de forma definitiva el esperado proyecto del Centro Integrado de Formación Profesional. La exigencia es clara: o se licita la redacción del proyecto en este plazo perentorio, o las competencias para su ejecución deberán ser devueltas al consistorio. Esta postura subraya una creciente frustración local ante la paralización de una infraestructura clave, que lleva tiempo en el limbo administrativo a pesar de que la administración municipal asegura haber cumplido con todos sus deberes.
El proyecto, vital para el futuro educativo y laboral de la comarca, se ubicará en la estratégica zona de Beniopa-Paseo, sobre una vasta parcela municipal de 14.000 metros cuadrados, flanqueada por las calles Partida de Quintano y Parpalló. Desde Gandia, se insiste en que no existe ningún impedimento técnico real que justifique el retraso, y se ha puesto de manifiesto la urgencia de una infraestructura que impactará directamente en miles de jóvenes y en el tejido productivo local. La paciencia se agota, y la ciudad está lista para tomar las riendas si la burocracia autonómica no acelera los pasos necesarios.
Una Parálisis Injustificada: La Preparación Impecable de Gandia
La postura del ayuntamiento de Gandia es contundente y se apoya en una serie de acciones y compromisos que, según la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, demuestran la plena disposición y capacidad municipal. El consistorio aceptó en su momento el retorno de las competencias para este proyecto, bajo la premisa de una cooperación interadministrativa y un protocolo que establecía un calendario claro de plazos y actuaciones. Sin embargo, este protocolo ha sido sistemáticamente incumplido, dejando el proyecto en un estado de estancamiento.
El departamento de Urbanismo de Gandia ha completado todos los trabajos urbanísticos necesarios para el avance del centro. De hecho, el pasado 19 de agosto, se remitió a la Conselleria de Educación la nueva delimitación de la parcela y el correspondiente estudio de inundabilidad, documentos cruciales que, según el consistorio, despejan cualquier duda técnica. Maite Alonso ha sido clara al afirmar que «esto es la prueba más evidente de que no hay ningún problema de carácter técnico«, defendiendo que Gandia está en plenas condiciones de retomar la tramitación e impulsar el proyecto si se le restituyen las competencias. El compromiso es firme: si la Generalitat acepta la nueva delimitación, el ayuntamiento se compromete a tener licitada la redacción del proyecto antes de que finalice el año.
Este centro de formación profesional está diseñado para albergar 25 ciclos de formación profesional, agrupados en cinco familias profesionales. Esta oferta educativa no ha sido improvisada; es el resultado de un trabajo coordinado con la propia administración autonómica y, crucialmente, con el tejido empresarial de la comarca. El objetivo es claro: ajustar la formación a las necesidades reales del mercado laboral, garantizando que los futuros profesionales adquieran las habilidades más demandadas.
Impacto Social y Económico de la Demora: Jóvenes y Empresas en Espera
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha puesto el acento en las graves consecuencias que esta prolongada espera está teniendo para la comunidad. La documentación, incluyendo la nueva delimitación y el estudio de inundabilidad, está lista y permite la construcción del centro conforme a la normativa, pero sigue aguardando el visto bueno del Consell, sin que se haya recibido respuesta alguna. Prieto ha enfatizado que «el ayuntamiento ha hecho todos los deberes» y ha instado al Consell a «acelerar los trámites pendientes y que no se pierda más tiempo en una infraestructura prioritaria«.
La demora afecta directamente al alumnado y a sus familias. El alcalde ha advertido que «cada vez hay más jóvenes en lista de espera para acceder a determinados ciclos formativos y que algunos han tenido que modificar los estudios que querían cursar por falta de plazas«. Esta situación no solo genera frustración personal, sino que también limita las oportunidades de desarrollo profesional en una región que busca constantemente mejorar sus servicios y su economía. En un contexto donde la ciudad también impulsa iniciativas para dinamizar su tejido comercial, como las exitosas ‘Botigues al Carrer’, disponer de una oferta formativa robusta es fundamental para el crecimiento sostenible.
Más allá de los estudiantes, las empresas de la comarca también sufren las consecuencias. Existe una creciente demanda de perfiles especializados que, actualmente, tienen dificultades para encontrar. El Centro Integrado de Formación Profesional permitiría no solo ampliar las posibilidades de formación a lo largo de la vida y facilitar el acceso a cualificaciones profesionales, sino que también mejoraría significativamente las oportunidades de inserción laboral para los jóvenes y contribuiría a satisfacer las necesidades de un mercado laboral en constante evolución. La falta de acción en este proyecto es un lastre para el desarrollo económico y la competitividad de la región, que en otras áreas, como el apoyo a colectivos vulnerables, sí demuestra un fuerte compromiso, como se evidencia en la lucha contra el Alzheimer en La Safor.
Este centro es más que una edificación; es una inversión en capital humano, un motor para la innovación y un pilar para el futuro de Gandia y sus alrededores. Su paralización es un lujo que la sociedad no puede permitirse.
El ultimátum de Gandia no es solo una declaración de intenciones, sino una manifestación de la impaciencia y la determinación de una ciudad que ha cumplido con su parte y ahora exige reciprocidad. La pelota está ahora en el tejado de la Generalitat, que tiene 15 días para decidir si desbloquea un proyecto esencial o devuelve las riendas a quienes han demostrado estar listos y capacitados para sacarlo adelante sin más dilación. El futuro de la formación profesional en Gandia pende de esta decisión.
