En la ciudad de Gandia, la lucha contra el riesgo de inundaciones ha sido una constante, materializada en importantes inversiones y proyectos de infraestructura. Recientemente, la culminación de las obras de pacificación y renaturalización del barranco de Beniopa, con una inversión que supera los 2,5 millones de euros, representaba un hito en la protección de su núcleo urbano. Este proyecto, el más ambicioso acometido hasta la fecha, buscaba precisamente minimizar el peligro de avenidas entre la ciudad y la desembocadura del barranco en el puerto. Sin embargo, la paradoja se cierne sobre la capital de la Safor: mientras se invierte en prevención, dos proyectos cruciales para el bienestar y el futuro de sus ciudadanos —la ampliación del Centro de Salud del Grau y la construcción del Centro Integrado de Formación Profesional la Safor— se encuentran estancados, frenados por la misma amenaza que se intenta combatir: la «inundabilidad». Este bloqueo no es meramente técnico, sino que revela una profunda desconexión entre los esfuerzos locales por la seguridad y la provisión de servicios, y la rigidez de la normativa regional, planteando serias preguntas sobre la coherencia de la planificación territorial y el impacto a largo plazo en la calidad de vida de los habitantes. ¿Cómo es posible que, tras años de trabajo y millones invertidos en la mitigación de riesgos, la burocracia hídrica se convierta en un muro infranqueable para proyectos de primera necesidad?
La Paradoja del Progreso en el Grau: Salud Pública en Jaque
La situación del Centro de Salud del Grau de Gandia es un claro ejemplo de esta paradoja. La ampliación de este centro es una reivindicación histórica, impulsada por la creciente demanda asistencial y la elevada afluencia de usuarios, que se intensifica notablemente durante los meses de verano. El consistorio, consciente de esta necesidad imperante, había cedido una parcela municipal específica para este fin, fruto de una colaboración previa con la dirección general del hospital Francesc de Borja. No obstante, a finales de mayo, la Conselleria de Sanidad rechazó la parcela propuesta. La razón esgrimida fue su ubicación en una zona catalogada como inundable, una decisión que ha generado frustración y desconcierto.
El informe técnico de la Conselleria detalla que parte de la parcela actual y la proyectada ampliación se encuentran afectadas por la zona de policía del barranco de Beniopa, una franja de 100 metros desde el límite del dominio público hidráulico. Aunque el punto más cercano del barranco se sitúa a unos 76 metros, y la ampliación se planifica hacia la zona más alejada, el veredicto es contundente. Más allá de la zona de policía, el documento advierte que tanto el centro actual como su futura extensión están en riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 y 500 años. Adicionalmente, siguiendo las directrices del PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana), el ámbito ha sido catalogado como zona de peligrosidad geomorfológica. La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, ha enfatizado la complejidad de esta situación, señalando que, bajo esta catalogación, «todo el Grau se encuentra en esta situación», lo que plantea un desafío estructural para cualquier desarrollo futuro en la zona.
Ante la negativa, el ayuntamiento ha propuesto diversas alternativas: desde la ampliación del centro de salud en altura, buscando maximizar el uso del espacio existente, hasta la búsqueda de una nueva parcela en el mismo Grau o la implementación de medidas específicas para evitar inundaciones, como la instalación de barreras. Incluso se ha recordado la posibilidad de reabrir los consultorios de Beniopa y Benipeixcar como soluciones complementarias. Sin embargo, la conselleria, bajo la dirección de Marciano Gómez, sigue sin establecer una fecha para la licitación del proyecto, reconociendo en una respuesta parlamentaria al diputado de Compromís Carlos Esteve que se sigue analizando la documentación complementaria aportada por Gandia. El avance de la tramitación queda condicionado a la confirmación de la viabilidad técnica de la parcela y la disponibilidad efectiva del suelo, un laberinto burocrático que mantiene en vilo un servicio esencial. Esta situación de incertidumbre burocrática se suma a la preocupación general por el futuro de las infraestructuras en la región, un tema recurrente que ya se ha abordado en el debate sobre los proyectos en el aire en la Safor tras el adelanto electoral.
El Veto a la Educación y la Burocracia Hídrica: Un Patrón de Retrasos
La problemática de la inundabilidad no solo afecta a la salud pública. Una situación similar, aunque con menos detalles disponibles, se vive con el proyecto del Centro Integrado de Formación Profesional la Safor. Este centro, vital para la formación de las nuevas generaciones y el impulso económico de la comarca, también se encuentra paralizado por los mismos condicionantes hídricos. El hecho de que dos infraestructuras tan dispares y esenciales como un centro de salud y un centro de formación profesional compartan el mismo destino subraya un problema sistémico: la interpretación y aplicación de las normativas de riesgo de inundación están generando un cuello de botella para el desarrollo de servicios fundamentales.
La cuestión central aquí no es la necesidad de proteger a la ciudadanía de los riesgos naturales, sino la eficacia y la flexibilidad con la que las administraciones gestionan estos riesgos en el contexto de la planificación urbana y la provisión de servicios. ¿Es la «inundabilidad» una excusa conveniente para retrasos burocráticos o realmente existe una falta de soluciones integrales que permitan compatibilizar la seguridad con el progreso? La inversión de 2.5 millones de euros en el barranco de Beniopa demuestra un compromiso local con la prevención. Sin embargo, si estos esfuerzos no se traducen en una mayor capacidad para desarrollar infraestructuras en zonas urbanas ya consolidadas, la inversión pierde parte de su sentido. La afirmación de Maite Alonso de que «todo el Grau se encuentra en esta situación» es alarmante, ya que implica que gran parte de la ciudad podría enfrentar dificultades insuperables para cualquier tipo de expansión o mejora de servicios esenciales. Mientras tanto, otras iniciativas clave, como el gran centro de investigación marina de Gandia, parecen avanzar, lo que acentúa la disparidad en la capacidad de gestión y ejecución de proyectos.
La dilación en la tramitación de estos proyectos no solo afecta la disponibilidad de servicios, sino que también genera una incertidumbre que repercute en la planificación a largo plazo de la ciudad. La falta de una fecha concreta para la licitación del proyecto del centro de salud, supeditada a un análisis que se prolonga indefinidamente, es un síntoma de una burocracia que prioriza la cautela extrema sobre la agilidad necesaria para responder a las demandas ciudadanas. La pregunta que emerge es si las soluciones propuestas por el consistorio, como la ampliación en altura o la búsqueda de nuevas parcelas, serán suficientes o si se requiere una revisión más profunda de cómo se evalúan y mitigan los riesgos de inundación en zonas urbanas ya consolidadas, buscando un equilibrio entre la seguridad y la viabilidad del desarrollo.
El laberinto de la inundabilidad en Gandia es más que un problema técnico; es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas ciudades costeras y fluviales ante el cambio climático y la necesidad de adaptar sus infraestructuras. La paralización de proyectos tan fundamentales como la ampliación del Centro de Salud del Grau y el Centro Integrado de Formación Profesional la Safor, a pesar de las significativas inversiones locales en prevención, pone de manifiesto una desconexión crítica entre los esfuerzos de mitigación y la capacidad de ejecución de servicios públicos vitales. La rigidez en la aplicación de la normativa, sin una aparente flexibilidad para considerar soluciones innovadoras o una evaluación de riesgo contextualizada, amenaza con cronificar la escasez de recursos y la precariedad de las infraestructuras. La ciudadanía de Gandia y la Safor merece una respuesta coordinada y efectiva que trascienda la mera burocracia y garantice que el progreso y la seguridad no sean conceptos mutuamente excluyentes, sino pilares de un desarrollo sostenible y resiliente a largo plazo.
